19/02/2021
El delicado y complejo estado de la economía nacional, agravado por la pandemia del COVID-19, requiere de un diagnóstico preciso acerca de las verdaderas causas de la inflación y de las políticas económicas, con los suficientes e imprescindibles consensos y compromisos de todos los sectores.
El rol del Estado es generar un marco institucional adecuado para que las empresas puedan focalizar sus esfuerzos en la producción y distribución de sus productos, y así llegar del mejor modo posible a los consumidores.
Las decisiones de producción y distribución son atribución natural y legítima de las empresas, que nacen y se desarrollan con la visión de abastecer y satisfacer las necesidades de toda la sociedad, no para desabastecer y dejar demandas insatisfechas.
Interferir desde el Estado en las decisiones empresarias, intentando arbitrariamente forzar la oferta, es contraproducente para el objetivo compartido de beneficiar a los clientes con una mayor disponibilidad de opciones de consumo a través de un incremento de la producción. Por el contrario, cuando no existe suficiente libertad para las decisiones que corresponden a las empresas, se desalientan las actividades productivas y comerciales, generando más escasez de productos.
Compartimos la preocupación por los altos niveles de inflación, que entendemos, es un fenómeno macroeconómico. Su reducción no está vinculada a decisiones particulares de las empresas sino a variables macroeconómicas y a decisiones centrales de políticas económicas, generando señales que promuevan expectativas de impacto positivo sobre la dinámica de precios y salarios.
Desde la Cámara de Comercio de Córdoba, abogamos por un diálogo fecundo y constructivo en la búsqueda de los consensos necesarios a tal fin, para el cual estamos permanentemente dispuestos a aportar desde el rol que asumimos y con el compromiso social pertinente.
